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LA ORDENACIÓN DEL ESPACIO MARITIMO | José Zamorano Abogado
La  Ordenación del espacio marítimo es el objeto de la Directiva Marco 2014/89/UE (DUE 28.08.2014), a través de la cual se impone a los Estados miembros la obligación de realizar una planificación que organice espacial y temporalmente los usos en las distintas zonas en que se dividan los mares bajo su jurisdicción. Con esta Directiva se engarza un nuevo instrumento a la Política Marítima Integrada (PMI) de la Unión Europea, que añadir a la Directiva Marco sobre Estrategia Marina (2008/56/CE) que constituye el pilar medioambiental de la PMI, y cuya trasposición al ordenamiento jurídico español se realizó por la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino (sobre este tema puede verse el capítulo 8º de mi libro la Ordenación del Litoral).

La nueva Directiva se define como un instrumento estratégico y transversal que tiene por objeto ordenar y gestionar los espacios marinos europeos, a decir de la norma (considerando 1º) cada vez más demandados para distintos fines, tales como las “instalaciones de energía renovables, la prospección y explotación de petróleo y gas, el transporte marítimo, las actividades pesqueras, la conservación de los ecosistemas, la extracción de materias primas, el turismo, las instalaciones de acuicultura y el patrimonio cultural”. Por tanto la finalidad Directiva es realizar un planeamiento coordinado, integrado y transfronterizo (considerando 3º) de las actividades para conseguir una mayor confianza y certidumbre a los inversores.

Para ello la Unión impone obligaciones para la puesta en marcha de un proceso de planificación de los usos del mar que dé lugar a un plan o planes, proceso que debe tener en cuenta las interacciones entre el mar y la tierra y promover la cooperación entre los Estados europeos, en la inteligencia de que con ello se contribuirá a la “gestión eficaz de las actividades marítimas y al aprovechamiento de los recursos costeros y marinos”.

Estos planes en su proceso de elaboración deben tener en cuenta las distintas presiones a que están sometidos los ecosistemas y recursos marinos, tales como las actividades humanas, el cambio climático, las catástrofes naturales y la dinámica del litoral, presiones que deben mantenerse en niveles que las hagan compatibles con un buen estado medioambiental en los términos definidos por la Directiva 2008/56/CE, para lo que los planes deben adoptar un enfoque ecosistémico.

El ámbito de aplicación de la Directiva son las “aguas marinas” de los Estados miembros (art. 2.1), con esta expresión la norma hace referencia a las aguas, el lecho y el subsuelo sobre las que los Estados litorales tienen jurisdicción, es decir, al mar territorial, plataforma continental y ZEE [art. 3.4 en relación con el 3.1.a) de la Directiva 2008/56/CE]. Se excluyen de su ámbito las aguas costeras ordenadas por la Directiva de Agua (Directiva 2000/60/CE) y “las que sean objeto de medidas de ordenación territorial en un Estado miembro”.

En cuanto a las actividades, la Directiva contempla la exclusión, por otro lado clásica, de aquellas actividades que tengan por objeto exclusivamente la defensa o seguridad nacional.

Entre los objetivos de estos planes el art. 5 destaca los de contribuir al desarrollo sostenible de los sectores energéticos en el mar, del transporte marítimo y de los sectores de la pesca y de la acuicultura, y a la conservación, protección y mejora del medio ambiente, incluida la resistencia a los efectos del cambio climático. Estableciendo como requisitos mínimos de los mismos la coordinación con los planes de gestión integrada de las zonas costeras (GIZC), que deben ser recogidos en los nuevos planes de ordenación marítima, la valoración de los aspectos medioambientales, económicos y sociales, así como garantizar la cooperación transfronteriza entre Estados de la Unión, para lo cual deberán garantizar la coherencia y coordinación de planes de una misma región marítima, garantizando, igualmente, la cooperación con terceros países (arts. 6, 8 y 11).

Con la finalidad de asegurar la calidad de los procesos de planificación, el art. 9, requiere a los Estados para que utilicen los mejores datos disponibles, organicen esta información y la intercambien con otros Estados.

Como es habitual en las normas europeas sobre planificación, la Directiva dispone que en el proceso de planificación se asegure la participación de las partes interesadas, los grupos de interés y autoridades competentes, así como del público en general.

A fin de controlar la realización de estos planes, los Estados miembros deberán informar periódicamente a la Comisión los planes elaborados, debiendo ésta informar periódicamente al Parlamento y al Consejo.

Para la transposición de la Directiva tiene como fecha límite del 18 de septiembre de 2016, es decir más de dos años y los planes deberán estar elaborados antes del 31 de marzo de 2021.

Con esta nueva Directiva no podemos decir que se inauguran los procesos de planificación del espacio marítimo que comenzaron con la Directiva Marco sobre Estrategia Marina, pero sí que se profundiza en esa planificación, pero ahora con unos objetivos mucho más amplios que los de la DMEM, es por tanto un nuevo camino en la planificación estratégica de los usos de recursos naturales básicos.