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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA LEY DEL SUELO | José Zamorano Abogado

La sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de septiembre resuelve los recursos acumulados interpuestos por cincuenta diputados del Grupo Popular y los Consejos de Gobierno de tres CCAA (La Rioja, Canarias y Madrid), estos últimos por cuanto, a su juicio, la Ley del Suelo y el posterior Texto Refundido invadieron competencias de las CCAA en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Todas las cuestiones de competencia planteadas por las CCAA son desestimadas, para ello el Tribunal mantiene una interpretación expansiva de los apartados 1º, 13º, 18º y 23º del artículo 149.1 de la Constitución, con lo que se autoriza al Estado a dictar una legislación de gran amplitud en materias que, como el urbanismo, quedan fuera de su ámbito competencial al tratarse de una competencia exclusiva de las CCAA.
Dos apartados del Texto Refundido merecen el reproche del Tribunal Constitucional, no, insisto, por razones competenciales sino materiales. El primero es el apartado 5º del art. 11 que establece el derecho de los particulares a resarcirse del importe de los gastos en que hayan incurrido en el supuesto de haber presentado una iniciativa de planeamiento o gestión y de que la Administración no haya resuelto en plazo. Entiende el Tribunal que dicho precepto contradice lo establecido en el art. 106.2 de la Constitución, lo que le lleva a hacer una nueva interpretación del mismo, en lugar de proceder a su anulación (interpretación que debió ser recogida en el fallo de la sentencia), según esa interpretación, concordante con el texto constitucional, el derecho a ser indemnizado está condicionado a que se haya producido un daño o lesión patrimonial efectiva y a que la falta de resolución de la Administración o la resolución fuera de plazo se deba “al funcionamiento del servicio público” y nunca cuando la misma sea atribuible “a la propia conducta del particular”, con lo cual se reconduce el supuesto regulado en el art. 11.5 TRLS al régimen general de la responsabilidad patrimonial de la Administración previsto en la LRJAP, del que no representa sino una concreción.
El segundo apartado que merece un reproche de inconstitucionalidad es, según se dice en el fallo de la sentencia el inciso “hasta el máximo del doble” del art. 23.1.a), párrafo tercero. Ello supone que el valor del suelo agrourbano se establece mediante el sistema de capitalización de rentas agrarias corregido o modulado en función de su renta de posición.
Es cierto, como afirma el Tribunal Constitucional, que el límite máximo anulado no estaba justificado en la Ley, ni en la exposición de motivos, por lo que, como afirma la sentencia “el mismo puede resultar caprichoso” y, puede resultar inadecuado para obtener un valor del suelo ajustado a su valor real. Pero también puede ocurrir que al eliminar el límite se llegue a una valoración del suelo superior a su valor real.
El problema, desde mi punto de vista, es que al desterrar del ordenamiento jurídico una frase que forma parte de un artículo puede provocar la perdida de los objetivos pretendidos por cuanto una norma es un todo de la que si desgajamos alguna de sus partes puede afectar al todo y eso puede ocurrir con el art. 23.
El apartado VI del Preámbulo del Texto Refundido afirma que con el método de valoración dispuesto se pretende garantizar la obtención por el propietario del suelo de un precio que se asemeje a su valor real y, por otro lado, impedir la especulación con el precio del suelo, mandato, este último, recogido expresamente en el art. 47 CE. Se trata de uno de los objetivos más perseguidos por las sucesivas leyes del suelo promulgadas en nuestro país y que mayores fracasos ha cosechado, para corroborar lo primero basta con leer las exposiciones de motivos de las Leyes del Suelo desde la Ley de 1975 hasta la del 2007.
Es posible que la eliminación del límite máximo haga fracasar también la Ley de 2007 en su intento de impedir la especulación. Como es sabido en desarrollo de la Ley se aprobó en 2011 el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre. El art. 17 del mismo establece la formula de calculo del factor de corrección por localización, ponderando la cercanía a los núcleos urbanos y el tamaño de éstos, la distancia del inmueble a vías de transporte (lo que denomina accesibilidad a centros de actividad económica) y la ubicación en entornos de singular valor ambiental o paisajístico.
Pues bien, sin tratar de realizar un estudio pormenorizado de la valoración del factor de posición, la cercanía (menos de 4 kilómetros) a un núcleo de población de más de un millón de habitantes o, la cercanía a un núcleo de medio millón de habitantes (menos de 4 kilómetros) y a menos de 40 minutos de otros núcleos que sumen un millón y medio de habitantes, sin tener en cuente ninguno de los otros factores produce un factor de corrección de 2, es decir, lleva hasta el doble la valoración obtenida por el método de capitalización de rentas.
La valoración que se hace de este factor y del tipo de capitalización aplicable consistente en la última referencia publicada por el Banco de España del rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública de plazo entre dos y seis años (DA séptima TRLS), en torno al 1,5 en la página web http://tasagronomos.com/inconstitucional-un-articulo-de-la-ley-del-suelo-del-2008/ (citada por GONZALO BREZMES) es que las indemnizaciones rurales “pueden superar por más de 10 veces el valor de mercado agrícola”.
Es cierto que se trata nada más que de una, si se quiere valoración acelerada, pero si ello se confirma nos encontraremos de nuevo con un precio del suelo especulativo que, sin tener en cuenta su clasificación o si se prefiere sus expectativas urbanísticas, eleve de modo artificial su valor, lo que redundará, naturalmente, en el precio de la vivienda.