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¿QUIEN PAGA LA EXTENSIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS? | José Zamorano Abogado

COMENTARIO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 22.09.2014 que resuelve el litigio por los gastos de extensión de redes eléctricas.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo de 22 de septiembre (recurso 2478/2013) resuelve el litigio suscitado por Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. contra la resolución de la Dirección General de Energía y Minas de la Generalitat de Catalunya, estableciendo a quien corresponde asumir los gastos de extensión de las redes de distribución eléctrica en suelo urbano.
El Tribunal parte de la obligación impuesta a las compañías suministradoras por el art. 39.1 de la Ley del Sector Eléctrico de garantizar que la red eléctrica tenga capacidad suficiente para asumir a largo plazo una “demanda razonable de distribución”. De este precepto debe partir la interpretación del art. 9 del Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el régimen retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica.
El art. 9.1 del referido Real Decreto regula, lo que denomina “extensión natural de las redes de distribución [..] para atender los suministros que respondan al crecimiento vegetativo de la demanda”. El número 2 regula, a su vez, las “instalaciones de nueva extensión [..] que sea necesario realizar para la atención de solicitudes de nuevos suministros o ampliación de los existentes, que no respondan a crecimientos vegetativos”
Estas premisas jurídicas son aplicadas por el Tribunal al caso que se somete a su consideración: “Tratándose en el caso que nos ocupa de una solicitud en suelo urbano consolidado que no puede considerarse en absoluto como un suministro especial o extraordinario por su intensidad o por la actividad a la que se dirige, hay que considerar que la distribución de media tensión y el transformador a baja tensión son elementos que pueden ser identificados como distribución estratégica vinculada a la satisfacción de las necesidades ordinarias y previsibles de energía, de forma que su financiación se corresponde con la obligación de la empresa de disponer de una red suficiente. Por el contrario, hay que considerar el coste de conexión en baja tensión como una instalación de nueva extensión de la red, conexión que corresponde financiar al solicitante si supera la potencia antes mencionada”.
En definitiva, se afirma en la sentencia, “en los supuestos en los que se pone de manifiesto una deficiencia en la red preexistente, la obligación del solicitante debe limitarse a los costes de la instalación desde la red que debería disponer la compañía hasta el primer elemento propiedad del solicitante”.
Parece claro pues que los gastos de las acometidas solicitados a las compañías distribuidoras de energía eléctrica en suelo urbano consolidado que no tengan una intensidad extraordinaria deben ser soportadas por la compañía eléctrica y no por el promotor de la edificación, como se ha pretendido por éstas.
Esta interpretación cabría extenderse, a mi juicio, a suelos urbanos no consolidados en los que los suministros solicitados pongan de relieve que se trata de crecimientos vegetativos, así por ejemplo, en las actuaciones de reforma interior en que no se produzca un incremento significativo del número de viviendas o un cambio de los usos.