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LA SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN | José Zamorano Abogado

La anchura de la servidumbre de protección es uno de los temas más polémicos en la aplicación de la Ley de Costas. La reciente sentencia del Tribunal Supremo de 31 de marzo, incide en una cuestión que podía producir dudas en relación con la anchura de la servidumbre de protección sobre suelo urbano o para ser más preciso sobre la acreditación del carácter de urbano del suelo a efectos de la aplicación posterior de la DT 3ª de la Ley de Costas.
Como es sabido la DT 3ª.3 LC redujo la anchura de la servidumbre de protección a veinte metros para los suelos clasificados como urbanos a la entrada en vigor de la Ley, disposición que fue puntualizada por el Reglamento (DT. 9ª.3) al otorgar igual tratamiento a las “[…] áreas urbanas en las que la edificación estuviera consolidada o los terrenos dispusieran de los servicios exigidos en la legislación urbanística competente les hubiera reconocido expresamente ese carácter”.
Con base en dichos preceptos, la jurisprudencia del Tribunal Supremo mantuvo que la clasificación de un terreno como urbano dependía del “hecho físico de la urbanización o consolidación de la edificación”, de este modo la teoría del “poder normativo de lo fáctico” en relación con el suelo urbano tiene plena vigencia en el ámbito de las referidas disposiciones transitorias. Ahora bien, el Tribunal ha venido exigiendo que esa situación fáctica requería, además, un juicio jurídico de la Administración urbanística que apreciara la existencia e esa situación urbana consolidada, manteniendo que la Administración urbanística no era otra que la autonómica, pues a ella corresponde la aprobación definitiva del planeamiento, en tal sentido pueden verse las SS 31.12.1988; 8.06.2012; 19.10.2012 o 20.03.2015.
La sentencia que provoca este post, matiza en relación con la cuestión comentada, dos situaciones distintas:
Aquellos supuestos en que el planeamiento urbanístico vigente a la entrada en vigor de la Ley de Costas, clasificase como urbano una determinada porción de terreno.
Aquellos supuestos en que sin estar clasificado como urbano por el planeamiento, el suelo tenga de facto la condición de urbano por estar consolidado por la urbanización o por la edificación.
En el primer supuesto la acreditación de que el plan clasificaba el suelo como urbano puede hacerse, naturalmente, por el Ayuntamiento pues éste se limitará a constatar la existencia de una clasificación jurídica realizada por el planeamiento municipal.
Mientras que cuando nos encontremos ante la segunda situación, será preciso, como se dijo, la constatación del hecho de la urbanización o edificación y además un juicio jurídico de la Administración autonómica.

STS 31.03.2015. Costas. Acreditación del carácter urbano del suelo con anterioridad a la LC