Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /homepages/13/d603438136/htdocs/JOSEZAMORANO/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5005
LA PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES EN DOMINIO PÚBLICO EN ESPECIAL EN DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE (Parte 2/2) | José Zamorano Abogado

 

Ésta, es la segunda parte de un artículo completo. Si quieres recibir en primicia otros artículos y publicaciones de interés divulgativo, te invito a inscribirte gratuitamente en la lista exclusiva que encontrarás pinchando aquí.

 


 

5. LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO RRCC 940/2014 y 954/2014.

Primero. LA SENTENCIA 954/2014

La sentencia 954/2014 declara nula la disposición transitoria vigésimo sexta del Reglamento General de Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre.

La indicada disposición transitoria regulaba tres situaciones distintas con un nexo común: la prórroga de sus actividades sin la existencia de un procedimiento que garantizase la objetividad, imparcialidad y concurrencia competitiva, a saber:

  1. En primer lugar para las instalaciones autorizadas en dominio público marítimo terrestre por desempeñar una función o prestar un servicio que, por sus características, requiera la ocupación del dominio público o que por la configuración física del tramo de costa no puedan ubicarse en los terrenos colindantes (servidumbre de protección).
  2. Las instalaciones destinadas a actividades náuticas deportivas.

Pues bien, para uno y otro caso, el reglamento preveía la convocatoria de un concurso en el que tendrían “preferencia para obtener la correspondiente concesión”, a condición de que lo solicitasen en los seis meses siguientes a la entrada en vigor del Reglamento.

  1. Las instalaciones expendedoras de comidas y bebidas en tramos naturales de playa, con superficies superiores a las recogidas en el art. 68 del Reglamento y que hubieran desempeñado su actividad al menos un año antes de la entrada en vigor de la LPUSL, podrán ser objeto de nueva concesión por un plazo de cuatro años con las superficies que les fueron reconocidas.

El Tribunal contrasta esta disposición con la prevista en el art. 75.1 de la Ley de Costas, que indica expresamente “La Administración podrá convocar concursos para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones en el dominio público marítimo terrestre. En dichos procedimientos se respetarán los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva”, así como con el art. 81.1 que establece el carácter improrrogable de los títulos de ocupación del dominio público, salvo que en los títulos de ocupación se hubiere previsto expresamente.

Partiendo de estos preceptos, el Tribunal acepta la queja del recurrente en relación con la falta de objetividad de la disposición transitoria impugnada y afirma textualmente:

“[P]ero la cuestión no es ésa, sino más bien la contraria, esto es, si a su abrigo podría alcanzarse sin más un indeseado resultado que nada ni nadie podría impedir, esto es, si dados los genéricos e indeterminados términos en que se configura el derecho de preferencia en el otorgamiento de concesiones a los actuales ocupantes de terrenos pertenecientes al dominio público marítimo-terrestre, se confiere a éstos una posición de ventaja incompatible con el principio de igualdad de trato, en la medida en que, si no determina el otorgamiento automático de la concesión a aquéllos, tampoco lo impide e incluso da lugar al expresado resultado en términos prácticamente inexorables. […]

De cualquier modo, y al margen de las consideraciones precedentes, entendemos que, al no establecer factor o criterio alguno que venga a acotar los términos en que la preferencia pudiera hacerse valer y consentir por tanto a partir de tal grado de indeterminación que pueda venir a prevalecer aquella de modo absoluto e irresistible, convirtiendo a quienes no ostentan otra posición que la de meros precaristas en auténticos concesionarios, la disposición transitoria vigesimosexta impugnada aparece desprovista de la justificación, objetiva y razonable que le es exigible y desatiende, en suma, las exigencias dimanantes de los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad […]”.

Para concluir afirmando que “El reconocimiento del derecho de preferencia contemplado por la disposición transitoria vigesimosexta no goza del necesario respaldo en el texto legal de referencia. Por lo que la declara nula.

SEGUNDO. LA SENTENCIA 940/2014.

La sentencia 940/2014 estudia la legalidad de la disposición transitoria decimosexta del Reglamento, llegando a la conclusión de que no existen los motivos alegados en la demanda para disponer su nulidad, en cualquier caso, y a los efectos que estamos comentando, son interesantes los razonamientos y, fundamentalmente, la interpretación que el Tribunal hace de dicha disposición.

La DT 16ª establece la vigencia del plazo de 30 años de las concesiones anteriores a la Ley de Costas de 1988, sin perjuicio, dice, de que puedan ser prorrogadas de conformidad con el art. 2 de la LPUSL.

La demanda origen de la sentencia comentada solicitaba la nulidad de la indicada disposición fundamentando dicha pretensión en que el plazo de 30 años establecido por la Ley de Costas de 1988 fue derogado por la modificación del art. 62.2 operado por la LPUSL, así el Reglamento, a su juicio, recupera con efectos retroactivos in peius el límite temporal de treinta años.

El Tribunal hace suya la distinción establecida por la Abogacía del Estado entre el plazo máximo de duración de la concesión y el plazo máximo establecido para la prórroga. El plazo máximo de las concesiones durante la vigencia de la Ley de 1988 se fijó en 30 años, tras la vigencia de la LPUSL dicho plazo máximo se establece en 75 años. Las concesiones anteriores a la LPUSL podrán ser prorrogadas hasta 75 años, según el artículo 2 de la misma.

A continuación la Sala recuerda que conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional 233/2015, citada, ha sido refrendada la constitucionalidad de dicha disposición.

El fundamento octavo de la sentencia del Tribunal Supremo es la clave de bóveda de esta sentencia al establecer:

  1. El plazo máximo de las concesiones vigentes con anterioridad a la Ley de Costas de 1988 se mantiene en los términos que vino a establecer aquélla, es decir 30 años.
  2. La LPUSL no ha ampliado dicho plazo, sino que regula las concesiones que se otorguen a partir de la entrada en vigor de la Ley de 2013, para las que establece un plazo máximo de 75 años.
  3. La prórroga de las concesiones anteriores a la Ley de 1988 si se altera de 30 a 75 años.

A pesar de lo que pudiera parecer con esta sentencia no se resuelven las fricciones existentes entre el artículo 2 de la LPUSL y el derecho europeo, en los términos planteados por la sentencia del TJUE, pues ha de tenerse en cuenta el carácter rogado de nuestro derecho procesal, por lo que la Sala del Tribunal Supremo se ha limitado a estudiar la legalidad de la DT del reglamento denunciada por el recurrente, y no el art. 2 de la LPUSL. Y, aún el estudio de la referida DT lo es para confirmar la legalidad del apartado primero, es decir, la vigencia del plazo de 30 años para las concesiones anteriores a la Ley de Costas de 1988, así ninguna referencia se hace a los apartados 2º a 5º, muy cuestionable resulta, en mi opinión, el 3º, con la posibilidad de mantener las concesiones otorgadas en precario.

En definitiva, tras las sentencias comentadas resulta claro que para mantener la ocupación del dominio público marítimo terrestre en el caso de concesiones extinguidas es preciso la convocatoria de un concurso que garantice los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva.

La aplicación del artículo 2º de la LPUSL por parte de la Administración de Costas puede ser objetada ante los Tribunales, con serias posibilidades de éxito, por vulneración del art. 12 de la Directiva de Servicios.