El Tribunal Supremo en una reciente sentencia de 20 de diciembre (recurso 963/2015), confirma la doctrina sentada en la de 5 de julio, recurso 940/2014, objeto de comentario en un blog anterior. En ambas, por lo que ahora interesa, se plantea la
legalidad del apartado primero de la DT 16ª del Reglamento de la Ley de Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre. El referido apartado de la DT 16ª reza así:

“Se considerará en todo caso incompatible con los criterios de ocupación del dominio público establecidos en la Ley 22/1988, de 28 de julio, el mantenimiento de concesiones a perpetuidad, por tiempo indefinido o sin plazo limitado. En todo caso, se entenderá que las concesiones vigentes antes del 29 de julio de 1988 fueron otorgadas por un plazo máximo de 30 años a contar desde esa fecha, sin perjuicio de que puedan ser prorrogadas de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo”. El planteamiento de los recurrentes era, de forma muy resumida, que tal precepto era ilegal en cuanto contradecía lo dispuesto en el art. 66.2 de la LC, modificado por la Ley 2/2013, de 29 de mayo (LPUSL) que dispone que el plazo de las concesiones será el que determine el título concesional, que en ningún caso podrá exceder de setenta y cinco años.

El Tribunal Supremo, en la sentencia comentada, explica que conviene no confundir el plazo de la concesión, con su posible prórroga, así el plazo máximo de las concesiones otorgadas antes de la Ley de Costas de 1988, y las otorgadas durante el tiempo de vigencia de la misma, es decir, desde el 28 de julio de 1988 hasta el 31 de mayo de 2013, tienen un plazo máximo de duración de treinta años. A su vez, las concesiones que se otorguen a partir de la entrada en vigor de la LPUSL (31/05/2013), tendrán un plazo máximo de setenta y cinco años. En este sentido, afirma el Tribunal, no existe contradicción alguna entre las previsiones de la Ley y la disposición reglamentaria impugnada. Ahora bien, en relación con las prorrogas, la LPUSL si ha alterado la previsión de la Ley de Costas de 1988, de modo que éstas que tenían un plazo de duración máximo de 30 años, pasan a tener un plazo máximo de 75 años, y “así también lo viene a recordar la disposición impugnada en el inciso que sigue <sin perjuicio de que puedan ser prorrogadas de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo>”

No obstante, en la sentencia del Tribunal Supremo se echa en falta alguna referencia, aun cuando fuera obiter dicta, a la sentencia del TJUE de 14 de julio de 2016, que también fue objeto de nuestros comentarios en un blog publicado a principios de septiembre, al que nos remitimos, no obstante resumimos de forma muy esquemática alguno de sus razonamientos: El TJUE enjuicia, en su sentencia, el posible incumplimiento por una ley, en este caso italiana, de la Directiva de Servicios (Directiva 2014/23), para ello distingue entre concesiones de servicio público, no afectadas por la indicada Directiva, y las concesiones de ocupación del dominio público, que por referirse a una autorización para ejercer una actividad económica en una zona de dominio público están afectadas por la referida Directiva. Por tanto, las actividades económicas realizadas en la zona de dominio público en virtud de una concesión administrativa están afectadas por la Directiva de Servicios. Pues bien, respecto de las mismas el Tribunal afirma que “una normativa nacional como la controvertida, al establecer una prórroga ex lege de la fecha de vencimiento de las autorizaciones equivale a una renovación automática de éstas, expresamente prohibida por el artículo 12, apartado 2, de la Directiva 2006/123. Además, la prórroga automática de las autorizaciones relativas a la explotación económica del dominio público marítimo terrestre y lacustre impide organizar un procedimiento de selección como el descrito en el apartado 49 de la presente sentencia”.

Con lo anterior, no se quiere decir que cualquier prorroga automática de concesiones en el dominio público sea contraria a la Directiva de Servicios, sino sólo las que afecten a actividades incluidas en la indicada Directiva, así no lo serán, por ejemplo,
las prorrogas de las concesiones compensatorias de la DT primera de la Ley de Costas. Es claro que, la sentencia del Tribunal Supremo de diciembre, no resuelve la contradicción entre el art. 2 LPUSL y la Directiva de Servicios, ni siquiera entra a analizarla, entre otras cosas porque no es esa la controversia planteada ante el Tribunal, que está sometido al principio de congruencia o justicia rogada, sino que en esta sentencia, como en la de 5 de julio de este año, lo planteado al Tribunal es la legalidad de la DT 16ª.1 del Reglamento General de la Ley de Costas, y esto es lo resuelto. Si bien, insistimos, no hubiese estado de más que al razonar sobre la prorroga de las concesiones hubiese hecho obiter dicta alguna referencia al Derecho europeo, anunciando la posible contradicción del art. 2 de la LPULS con aquél, lo que, a nuestro juicio es bastante claro
en relación con las actividades afectadas por la Directiva de Servicios.