Un año más con el inicio del verano, los chiringuitos vuelven al primer plano de la actualidad. Este verano los conflictos con mayor repercusión mediática se han centrado en dos chiringuitos de nueva construcción, uno en la playa de Mazagón y otro, en Punta Umbría, uno en una playa “natural” y el otro en una playa “urbana”.

La reproducción sistemática de estos conflictos tiene su causa en la tensión existente entre estas instalaciones y la regulación que de las mismas hace la legislación de Costas, así como, a consecuencia de las denuncias de algunos ciudadanos especialmente sensibles en la defensa del medio ambiente.

En forma muy esquemática podría decirse que la causa del conflicto se encuentra en los intereses en conflicto, entre un territorio sumamente sensible desde la perspectiva medio ambiental, como es la playa, y al mismo tiempo, sumamente apetecible desde el punto de vista de la actividad económica, en concreto, de la hostelería, pues muchos ciudadanos están dispuestos a pagar más por tomarse una cerveza en un chiringuito en la playa, que por hacerlo unos metros tierra adentro. De ahí la tensión entre los intereses económicos y los ambientales.

En este debate ha terciado la nueva regulación de las playas españolas, tras la modificación de la Ley de Costas operada por la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral (LPUSL) de 2013 y el nuevo Reglamento de la Ley aprobado en 2014 (Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre).

Con el ánimo de aclarar algunos conceptos desde el punto de vista de la legislación de costas escribo estas notas.

¿Qué es la playa?

Lo primero que tenemos que aclarar es qué es la playa pues el concepto legal de la misma y el vulgar no son coincidentes.

La playa según el art. 3 de la Ley de Costas es aquel espacio de depósito de materiales sueltos, tales como la arena, al que nunca llega el agua del mar en su movimiento mareal (pleamar y bajamar), en consecuencia es aquel espacio que siempre está seco (ver nuestro artículo de junio de 2014 “zona marítimo terrestre y playa”.

Pues bien, la Ley de Costas permite excepcionalmente la realización de determinadas instalaciones en la playa, pero las prohíbe taxativamente en la zona marítimo terrestre que es la zona bañada por las aguas con el movimiento de las mareas.

¿Qué instalaciones pueden ubicarse en la playa?

La Ley de Costas empieza por prescribir que las “edificaciones de servicio de playa se ubicarán, preferentemente, fuera de ella”, por tanto, en aquellas costas en las que más allá de la playa, tierra adentro, existan terrenos en que pueda ubicarse los chiringuitos fuera de la playa, ya sea en el paseo marítimo o en los terrenos aledaños a la playa (servidumbre de protección) en estos terrenos deberán instalarse y no en la playa.

No obstante lo anterior, el Reglamento de la Ley de Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, establece una minuciosa normativa para los supuestos en que la instalación fuera de la playa no sea posible, empezando por distinguir entre playa urbana y playa natural.

El artículo 67 establece que las CCAA (la Administración competente en materia de ordenación del territorio) deberá catalogar las playas en urbanas o naturales “en función del carácter urbanizado o rural de los terrenos contiguos a cada uno de los tramos, así como de su grado de protección medioambiental”.

La Junta de Andalucía, hasta la fecha, no ha realizado catalogación alguna de las playas, por lo que por la doctrina se ha entendido que, cuando los terrenos contiguos a las playas sean urbanos, la playa habrá de catalogarse como urbana y, cuando los contiguos a la playa sean naturales o rurales, la playa ha de catalogarse como natural, si bien, de acuerdo con el Reglamento esa catalogación no sería operativa hasta que la misma se realizase por la Administración autonómica.

Las instalaciones en las playas urbanas.

Las instalaciones en las playas urbanas se regulan, fundamentalmente, en el art. 69 del Reglamento, precepto que empieza por reproducir la Ley, al establecer que las instalaciones se ubicarán fuera de la playa y cuando no sea posible en su límite exterior, es decir, en la zona más alejada del mar o cuando la anchura de la playa lo permita a 70 metros de la línea de pleamar.

Los establecimientos expendedores de comida y bebida (chiringuitos) tendrán una ocupación máxima de 200 metros cuadrados, de los cuales 150 metros cuadrados podrán ser edificación cerrada, el resto, es decir 50 m2 terraza cerrada mediante elementos desmontables que garanticen la permeabilidad de las vistas, es decir cristal, metacrilato o cualquier otro elemento transparente, a esta superficie se pueden añadir 70 m2 de ocupación abierta y desmontable, más una zona de aseo que no podrá superar los 30 m2 que será público y gratuito.

La distancia entre estos establecimientos no podrá ser inferior a 150 metros. Cuando se trate de instalaciones desmontables la distancia mínima será de 100 metros de otras que presten servicio de la misma naturaleza, si se trata de establecimientos de distinta naturaleza, por ejemplo un chiringuito y un establecimiento de alquiler de embarcaciones, la distancia se podrá reducir a la mitad.

Por último, prescribe la Ley y el Reglamento que la ocupación total de todas las instalaciones ubicadas en ese tramo de playa no podrá exceder de la mitad de la superficie de la playa en pleamar.

Partiendo de las anteriores prescripciones y con la información publicada en “El Confidencial”, el 13 de junio de este año sobre el chiringuito P1 en la Ría de Punta Umbria, éste parece que cumple con la superficie máxima permitida, pues en la parte dispositiva de la Resolución se autorizan 150 metros, más unas superficie no determinada para aseos, que, como se dijo puede superar los 30 metros.

No obstante, en relación con el mismo, podrían plantearse algunas dudas de legalidad:

  • En primer lugar, parece difícil justificar que la instalación no se pueda ubicar fuera de la playa, en el espacio abierto existente a continuación de la calle.
  • Por otro lado, existe un aparente incumplimiento de las distancias de separación mínimas previstas en el Reglamento, pues según el acta de replanteo que publica el indicado diario, la distancia con otra instalación similar es de 8 metros al sudeste, justificando este incumplimiento en que dicha instalación tiene una Resolución desestimatoria de fecha 2 de mayo de 2015 (no se explica en que consiste esa Resolución). Parece que en este caso, lo razonable, para cumplir el Reglamento y las resoluciones de la Consejería sería demoler la instalación del sureste antes de autorizar una nueva, o cuando menos, antes de iniciar la construcción de una nueva.
  • Por último, el hecho de que en la Resolución de la concesión no se fije ningún canon, obligatorio según el artículo 84 de la Ley, puede ser que el referido canon esté previsto en el Pliego, pero la referencia en la Resolución a la falta de fijación del mismo por el Servicio Provincial de Costas (antecedente undécimo), hace pensar que no se ha fijado el mismo.

Las instalaciones en las playas naturales.

En las playas naturales, según el art. 68 del Reglamento, como el entorno del Parador de Mazagón, las instalaciones para venta de comida y bebida no pueden tener una superficie superior a 70 m2, de los que como máximo 20 serán de instalación cerrada, debiendo ser siempre de temporada y desmontables.

La distancia entre establecimientos será, como mínimo, de 300 metros.

La ocupación total no podrá ser superior al 10% de la superficie de la playa en pleamar.

Del establecimiento de Mazagón no se tiene demasiada información, no obstante, parece claro que no se trata de una instalación desmontable, sino fija, por lo que podría incumplir las previsiones de la Ley.

Huelva, 28 de julio de 2017