El impuesto de plusvalía, como vulgarmente es conocido, o impuesto sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana como lo designa el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, es como dice el art. 104 de la Ley un impuesto que grava el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana, lo que se pone de manifiesto en el momento de la transmisión.

El problema de este impuesto es que aun cuando, en su definición, grava la riqueza, el incremento de valor del terreno, en consecuencia, cuando no hay incremento de valor o bien porque se produce un decremento o porque se vende por el mismo precio al que se compró, el impuesto no debía generarse. Lo cierto es que grava tanto el incremento como el decremento del valor de los terrenos.

En efecto, esto se produce como consecuencia de la determinación que la Ley hace de la base imponible del impuesto, es decir, la cuantía sobre la cual se calcula las cantidades que tenemos que pagar a la hacienda municipal, en el art. 107 da por supuesto que el paso del tiempo, siempre y en todo caso, supone un incremento del valor de los terrenos. Así la Ley establece un valor ficticio, en virtud de la cual en función del número de años que un terreno fuese de nuestra propiedad antes de su venta, se aplica un porcentaje (variable según las Ordenanzas municipales), pero con las siguientes porcentajes máximos:

  • Período de uno hasta cinco años: 3,7.
  • Período de hasta 10 años: 3,5.
  • Período de hasta 15 años: 3,2.
  • Período de hasta 20 años: 3.

Este estado de cosas no supuso grandes conflictos porque la suposición legal se correspondía a nuestra realidad social, el valor del suelo siempre se incrementaba, pero este estado de cosas se ha modificado como consecuencia de la crisis económica iniciada en el año 2007, una de las peculiaridades de esta crisis ha sido el fuerte decremento del valor de los productos inmobiliarios, incluido el valor del suelo que se ha depreciado en más de un cincuenta por ciento.

Ello ha supuesto que se realizaran transacciones de bienes inmuebles en las que el suelo se vendía por un valor inferior al de la compra, en esta situación, parece un contrasentido tener que pagar un impuesto que grava el incremento de valor de los terrenos como venían exigiendo los Ayuntamientos, lo que ha generado no pocos procedimientos contenciosos.

Este estado de cosas ha sido resuelto definitivamente por la sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de mayo. En ella se declara inconstitucional, es decir contrario a la Constitución, los apartados 1 y 2.a) del artículo 107 y el apartado 4 del artículo 110. Los límites de tal declaración, los explica el mismo Tribunal en el último fundamento jurídico de la sentencia, donde se dice:

“El impuesto […] no es, con carácter general, contrario al Texto Constitucional, en su configuración actual. Lo es únicamente en aquellos supuestos en los que se somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es, aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión […]”.

Y, su razón se explica en el fundamento jurídico tercero, donde se dice que “al establecer el legislador la ficción de que ha tenido lugar un incremento de valor susceptible de gravamen al momento de toda transmisión de un terreno por el solo hecho de haberlo mantenido el titular en su patrimonio durante un intervalo temporal dado, soslayando aquellos supuestos en los que no se haya producido incremento, lejos de someter a tributación una capacidad económica susceptible de gravamen, les estaría haciendo tributar por una riqueza inexistente”.

La sentencia tiene dos consecuencias, una inmediata: a partir de la misma no es obligatorio (ni posible), tributar cuando se produzca un decremento de valor del suelo. La segunda consecuencia es, que las declaraciones que se hayan presentado, cuando menos durante los últimos cuatro años, cuando no se haya producido incremento de valor del suelo, y a pesar de ello se nos haya exigido el pago del impuesto, los ciudadanos pueden exigir al Ayuntamiento la devolución de lo pagado. La razón de esta posible reclamación es que la Ley no es inconstitucional desde que la declara así el Tribunal, sino que lo ha sido siempre, por tanto, cualquier declaración presentada al amparo de la misma habiéndose producido un decremento ha sido, desde la aprobación de la Ley, contrario a la Constitución.

No obstante, la sentencia deja alguna cuestión sin resolver que seguramente será resuelta por el Tribunal Supremo en alguno de los recursos planteados, la principal a mi juicio es ¿cuál es el valor de los terrenos que ha de utilizarse como parámetro de comparación? ¿el valor numerario del dinero? O ¿su valor real, es decir su valor actualizado? Con un ejemplo entenderemos mejor lo que quiero decir:

Yo compro un terreno en el año 2000 por 30.000 € y lo vendo en 2017 por 32.000 € ¿se ha producido un incremento de valor o un decremento?, si atendemos al valor numerario, es claro que 32.000 € es más que 30.000 €, por lo que deberíamos afirmar que se ha producido un incremento de valor. Ahora bien, nadie puede afirmar que 30.000 € del año 2000 valen lo mismo que 30.000 € diecisiete años después, el dinero se ha depreciado, por cuanto con él podemos adquirir menos cosas, como consecuencia de incremento del precio de éstas (IPC). En consecuencia, para saber sí se ha tenido un incremento de valor o un decremento, a mi juicio, no podemos comparar el valor numerario, sino el valor real del dinero, el valor actualizado.

La segunda cuestión es la determinación del valor del suelo al que compramos y vendemos, pues salvo en los supuestos en que se vende un solar sin edificar, es decir que el precio de la venta se refiere, exclusivamente, al suelo, en los demás supuestos en que vendemos, por ejemplo una vivienda, no fijamos en la transacción el valor de cada uno de los elementos (suelo, construcción), sino que fijamos un valor global para la transacción que alcanza al conjunto de los elementos por lo que es difícil establecer cuál es el precio del suelo y cual el de la construcción, a mi juicio, la fijación de este valor se podría obtener de dos formas, una acudiendo a la normativa del Catastro o, dos, solicitando una valoración por un técnico independiente.

Huelva, a 24 de agosto de 2017,